Los problemas de abdicar

La reciente abdicación del Rey Don Juan Carlos de Borbón ha generado polémica por la forma en que se ha procedido a regular el proceso de abdicación y el aforamiento de la familia real

 

El art. 57.5 de la Constitución Española dispone que las abdicacionesalvaro-de-la-fuente1 y renuncias y  cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por medio de una Ley Orgánica.

 

En el momento en que el Rey hizo pública su decisión de abdicar, no existía una Ley Orgánica que regulara el proceso de abdicación, lo que suscitó, en esta España difícil, un intenso debate sobre la posibilidad de que el Rey pueda abdicar –  aunque no haya Ley Orgánica– o si puede hacerlo por decisión personal o debe contar con la autorización de las Cortes, es decir, si constituye una facultad discrecional del monarca o debe someterse al control parlamentario.

 

El primero de los debates se ha resuelto en el sentido favorable a que el Rey, con Ley o sin ella, esté capacitado para abdicar por interpretación de los artículos 57.5 y 57.1 de la Constitución Española – cuestión que, por otro lado, parece un sin sentido porque cómo puede ser posible que por cuestiones de forma se limite el derecho a renunciar a un cargo público –.

 

Acerca de la autorización de las Cortes, históricamente, cuando el Rey ostentaba mayores prerrogativas que ahora, abdicar era una decisión del monarca; actualmente, en plena “monarquía parlamentaria”, esto debe ser por mandato constitucional y se debe implicar al Parlamento en la decisión. Por este motivo, se ha procedido a aprobar la Ley Orgánica que regule la abdicación del monarca – ley aprobada por el procedimiento de lectura única y no por el procedimiento habitual de toda Ley Orgánica, cuya tramitación llevaría meses –.

 

En cualquier caso, aprovechando la oportunidad que supone el cambio generacional, este proceso lo que ha servido es para reabrir una vieja aspiración de una parte de la sociedad española: el debate sobre la monarquía o república, debate que adquiere mayor intensidad desde que la monarquía suspendiera en el barómetro del CIS de octubre de 2011.

 

Otra polémica que se ha suscitado tras la abdicación es el aforamiento de la familia real. El aforamiento garantiza determinados privilegios a sus beneficiarios concretamente, poder ser juzgados por tribunales especiales; en el caso de la familia real, por el Tribunal Supremo.

 

La Ley de aforamiento pretende declarar personas aforadas a Don Juan Carlos y Doña Sofía, a Doña Letizia, a su hija Leonor (Princesa de Asturias) y  a su futuro cónyuge. Hasta ahora, tan solo disfrutaba de la condición de aforado el Rey. El Gobierno intenta aprobar apresuradamente (en 15 días anunció el presidente del Gobierno que se haría) la Ley Orgánica que regule el aforamiento de la familia real –cuando el plazo mínimo para aprobar una L.O. suele ser de tres meses–. La norma, se prevé sea aprobada tan solo con el voto favorable del partido gobernante.

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Y es esta forma de actuar por parte del Gobierno la realmente curiosa y la que ha generado una mayor controversia pues se ha incluido una enmienda en una Ley Orgánica que hasta ahora se viene aprobando en las Cortes y  que nada tiene que ver con los aforamientos ni con la familia real. Me refiero a la L.O. de reforma de la L.O. del Poder Judicial, que regula asuntos referidos a los funcionarios judiciales,  tales como las pruebas selectivas, jubilación, los días de asuntos propios, etc. Dicha Ley tendrá efectos retroactivos de tal forma que también se aplicará a todos los procesos judiciales que puedan tramitarse por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley o a los que se estén tramitando en la actualidad, debiendo suspenderse los que estén en trámite e inhibirse a favor del Tribunal Supremo.

 

Resulta chocante, por otra parte, que en España se discuta o se  someta a debate el aforamiento de la familia real cuando estamos rodeados de tantas personas aforadas (en total se han contabilizado unas 10.000 en tales circunstancias). Por ello, a la cuestión del aforamiento de la familia real no debería dársele tanta relevancia y sí concedérsela al hecho de que gran parte de la “clase política” española y miembros del poder judicial deban estar o no aforados.

 

Como he dicho, las cifras de aforados en España llaman especialmente la atención si las comparamos con el número de aforados en otros países europeos: por ejemplo en Francia, sólo 1 persona (el presidente de la República); en Alemania e Inglaterra, ninguna.

 

Lo cierto es que, finalmente, todos estos debates han dejado en evidencia que España es un país de privilegios que permite aprobar  Leyes Orgánicas por “trámite de urgencia” (como si de Decretos Leyes se tratara) y que con el paso del tiempo, el número de estos privilegiados (en este caso los llamaremos aforados) aumenta en vez de disminuir.

 

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