El caso de las tarjetas de crédito “negras”

¿Qué responsabilidad podrá exigirse a los consejeros de Caja Madrid y Bankia por la indebida utilización de las tarjetas de crédito, con un gasto estimado de 15.2 millones de euros? ¿Qué sucederá con el dinero indebidamente dispuesto?

 

El informe del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en relación con el uso de las tarjetas de crédito para fines personales alvaro-de-la-fuente1por directivos de Caja Madrid y Bankia, declara cómo no puede diferenciarse la responsabilidad exigible en la etapa de Miguel Blesa de la exigida en la etapa de Rodrigo Rato, por entender que el modus operandi ha sido siempre similar. En dicho informe, se considera que ambos son responsables, tanto por el uso personal de las tarjetas como por haber  sido conocido y consentido por el resto de los consejeros su uso indebido.

 

Al encontrarse dichas actuaciones no amparadas por ningún soporte contractual, estatutario o de decisión de órganos de gobierno y al estar efectuadas en perjuicio de la entidad, pudiera motivar la responsabilidad penal de ambos, no sólo por el empleo de las tarjetas a título personal sino por consentir como administradores esta situación. Todos, los presidentes y los consejeros, utilizaron las tarjetas en connivencia con la sociedad que gestionaban, y estos gastos iban a cuentas opacas y no eran declarados a Hacienda (ni por la Caja ni por los disponentes de las tarjetas).

 

Nos encontramos por lo tanto ante dos delitos: un posible delito fiscal y los delitos penales como administradores de la sociedad – eso en cuanto al uso indebido de las tarjetas, sin entrar a valorar otras posibles irregularidades que hayan podido cometer en la gestión de la sociedad –, porque viendo lo primero… nos podemos imaginar la dimensión de lo segundo.

 

En los supuestos de responsabilidad penal por delitos societarios, responden personalmente los administradores o gestores de la sociedad o empresa que comete el delito. Los delitos por los que podrían ser acusados son: Falsear las cuentas anuales u otros documentos (pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 6 a 12 meses); Administración fraudulenta (prisión de 6 meses a 4 años); Obstrucción al control y supervisión pública (prisión de 6 meses a 3 años); Proporcionar datos falsos sobre el estado contable (prisión de 1 a 2 años); Defraudar a la Hacienda Pública; Generar obligaciones cuando ya se ha iniciado el proceso de disolución; Apropiación indebida, etc.

 Alvaro 1

En todos los casos, deberá valorarse la posible aplicación de la prescripción de los delitos, a la vista del tiempo transcurrido desde que se cometieran los hechos, y también en todos los casos, los responsables penalmente estarán obligados al pago de las responsabilidades civiles; la devolución de las cantidades de las que han dispuesto indebidamente.

 

No obstante, lo más sangrante no es el uso de las tarjetas, sino el despilfarro en salarios astronómicos (todos los consejeros cobraban una media de 8.000 euros) y esto, en principio, no es constitutivo de delito. Sirva de ejemplo el caso de  Blesa, con un sueldo de 3,5 millones al año, que habría gastado en total 436.700 euros – o lo que es lo mismo, una media de 54.600 euros al año entre gastos y retiradas de efectivo en cajeros – y el de Ildefonso Blesa Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa, que cobró de salario 9,7 millones entre 2007 y 2011 y llegó a los 498.000 euros en gastos de tarjeta. Queda hacer la salvedad de que, a todo lo expuesto se le añade el hecho de que no se ha valorado el alto coste del rescate de la entidad: 22.42 millones de euros.

 

Pero… ¿por qué y cuándo ha ocurrido esto? Todo ello ha surgido a raíz de que se reformara la ley que regulaba los órganos directivos de las cajas de ahorro ( en el año 1985), y de que se diera entrada a las mismas a las comunidades autónomas, que las  alejaron de su función social para convertirlas en instrumentos en manos de los políticos de las distintas comunidades. Aunque no todas las cajas sufrieron la misma suerte, algunas –como la Caixa o la BBK– consiguieron mantener una gestión profesional y prudente pese a la manipulación de los políticos.

 

No olvidemos que a partir de las crisis de iniciosAlvaro 2 de los años 1990, estas cajas empezaron a financiar la burbuja inmobiliaria y en el 2007, llegaron a suponer el 49,3% de los créditos totales concedidos por todas las entidades financieras.  Si además, los beneficios obtenidos por esta vía fueron utilizados para financiar proyectos faraónicos ideados por los políticos de las distintas comunidades: aeropuertos, parques temáticos, palacios de congresos… y estos mismos políticos pusieron al frente de las cajas a sus allegados  – muchos de ellos inexpertos en el sector, como Blesa –  el resultado no podía ser otro que el conocido por todos.

 

 

 

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