La reforma de la Ley Hipotecaria y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Curiosidades de las ya aprobadas Ley  13/2015 de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario  y  Ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para el ejercicio de las resoluciones judiciales como garantía del Estado de Derecho

 

La Ley 13/2015, tiene entre otros objetivos:

  1. a) Adecuar la realidad detallada en el Registro de la Propiedad a la del Catastro. Todos sabemos que puede sucederalvaro-de-la-fuente1 que el catastro detalle como titulares de una propiedad inmobiliaria a personas distintas a los que figuran en el Catastro, o según el Registro, la finca puede tener una ubicación, cabida o lindes concretos y en el Catastro unos datos totalmente distintos. Esto en buena parte sucede porque la inscripción de los títulos de propiedad en el Registro no es obligatoria.

La pretensión de esta reforma, tiene entre otros objetivos armonizar  la información contenida en ambos registros (R. Propiedad y Catastro), con la finalidad de generar seguridad jurídica para evitar las actuales discrepancias. En cualquier caso se deberá tener presente que la información del Catastro constituye un simple indicio y no hace prueba plena de su contenido, primando en todo caso la información contenida en el Registro sobre la catastral, según reiterado criterio jurisprudencial.

  1. b) Y suprimir las actuales prerrogativas de la Iglesia Católica para acreditarse como titular de determinados inmuebles. Privilegio que proviene de los tiempos de las desamortizaciones y que permitía a la Iglesia tramitar expedientes para acreditar su titularidad sobre determinadas propiedades e inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad con un trámite diferente al utilizado por el resto de los ciudadanos y de los poderes públicos. Estos privilegios ya estaban totalmente desfasados en el tiempo ya que, ley hipotecariasi bien pudieron tener su justificación en la necesidad de que la Iglesia recuperara aquellas propiedades de las que fue titular y le fueron privadas tras los procesos de desamortización, hoy carece de sentido por constituir un privilegio que contraviene el principio de igualdad en la aplicación de la Ley previsto constitucionalmente.

La Ley Orgánica 15/2015. Tiene como objetivo:

Dotar a las resoluciones del Tribunal Constitucional, de mayor fuerza ejecutiva. La finalidad de la norma es acabar con la oposición de los Tribunales y Administración de Cataluña a cumplir con las resoluciones del Tribunal Constitucional y –  suponemos – especialmente en previsión de los acontecimientos que puedan suceder con la declaración de independencia Catalana.

 

Entre dichas previsiones está el reiterar la obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal y fijar las medidas que deben adoptarse en caso de incumplimiento, las cuales podrán ser personales para aquellas autoridades que se opusieren al cumplimiento. Entre las medidas se fija un régimen sancionador, que comprende: sanciones económicas (que podrán reiterarse hasta el cumplimiento de la resolución) y suspensión del cargo hasta la posible exigencia de responsabilidad penal, si procediere. Además se prevé expresamente la posibilidad de suplir a los órganos que no cumplan las resoluciones mediante la colaboración con órganos del Gobierno nacional.

 

Ya son muchas las resoluciones del Tribunal Constitucional que se encuentran pendientes de cumplir por la Administración y órganos judiciales catalanes y ahora, con la declaración del Parlamento catalán, de no  cumplirse las resoluciones de este órgano judicial, la reforma  seguramente tendrá oportunidad de ser aplicada.

 

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